Odebrecht y el combate
contra la corrupción
En estos días la sociedad dominicana ha sido
conmovida por la solicitud de la Procuraduría
General de la República de imponer medidas de
coerción a varios ex-funcionarios y legisladores,
tanto del partido oficial como de la oposición, por
presuntamente haber aceptado el pago de
sobornos en contraprestación para la
adjudicación de obras de infraestructura.
De conformidad con el acto de solicitud de la
medida de coerción, en diciembre del 2016, la
empresa multinacional constructora Norberto
Odebrecht, había suscrito un acuerdo con el
Ministerio Público Federal de Brasil, el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
y la Procuraduría General de Suiza, en el que
reconocía que durante los años 2001 al 2014
había realizado pagos en distintos países, con
el fin de facilitar o asegurar la adjudicación
de contratos para la construcción de obras
de infraestructura.
Casi al mismo tiempo en que las autoridades
judiciales dominicanas actuaban frente al
denominado caso Odebrect, igual ocurría en
Ecuador, en el que cinco ex-funcionarios
también fueron acusados por el Ministerio
Público de ese país sudamericano de haber
incurrido en actividades ilícitas vinculadas
a la empresa brasileña.
Pero, con anterioridad, ya se habían desatado,
de igual manera, persecuciones en contra de
funcionarios y ex-funcionarios en Perú, Panamá,
Colombia, México, Argentina y Chile.
Era algo sin precedentes en la historia judicial
de América Latina.
Normalmente, los casos tienen lugar dentro
del ámbito territorial de un país, dentro de su
jurisdicción nacional, o a lo sumo, entre
dos países.
Pero ahora, como consecuencia de las
reveladas actuaciones de Odebrecht, una
empresa multinacional, de origen brasileño,
se creaba una situación novedosa que desborda
las fronteras nacionales.
Aunque hay razones para molestarnos
e indignarnos, por la todavía falta de transparencia
y debilidades en los mecanismos institucionales
de rendición de cuentas, lo que ha acontecido
es algo de una gran complejidad. Es algo sin
antecedentes. Es la entrada a una nueva etapa
transnacional del delito de cuello blanco,
guiada por empresas multinacionales.
Corrupción Dominicana
En la República Dominicana, como en el resto
de América Latina y el Caribe, la corrupción
es tan antigua como nuestra propia historia.
En una aguda observación hecha en su libro,
Crisis de la Democracia de América en la
República Dominicana, el profesor Juan Bosch
escribió: ¨En los países de América Latina, con
muy pocas excepciones, gobernantes
y gobernados ejercen la corrupción en la forma
más natural, y la corrupción no se limita al robo
de fondos públicos sino que alcanza a otras
manifestaciones de la vida en sociedad.¨ Luego,
refiriéndose a su período de gobierno, afirmó:
¨Durante años y años, la corrupción había sido
rampante, descarada y organizada desde lo más
alto del poder público; no iba a ser fácil, pues
acabar con ella.¨ Corrupción hubo durante la
dictadura de Trujillo. Es más, se afirma que
durante esa época ni siquiera existía la
República Dominicana.
Lo que había era una Compañía por Acciones,
propiedad de Trujillo, que llevaba el nombre
de República Dominicana.
Durante la etapa del presidente Joaquín Balaguer,
el saqueo de fondos públicos llegó, en un
momento dado, a niveles tan alarmantes, que el
propio mandatario llegó a decir, en frase célebre,
que la corrupción sólo se detenía en la puerta
de su despacho.
Yo mismo, hace más de 20 años, cuando fui
escogido, por primera vez, como candidato
presidencial del Partido de la Liberación
Dominicana, llegué a consignar que el valor
monetario de la corrupción en la República
Dominicana era equivalente a cerca de 30 mil
millones de pesos.
La corrupción, pues, a lo largo del tiempo, ha
sido un elemento intrínseco de la vida pública
en la República Dominicana, así como, en
mayor o menor medida, en la generalidad
de los países de América Latina.
Ahora bien, dentro de ese marco, ha sido
el Partido de la Liberación Dominicana la
organización política que, desde el poder,
mayores contribuciones ha realizado para
crear la estructura legal que haga efectiva
la lucha contra la corrupción.
Fue en el artículo 46 de la Constitución
del 2010, auspiciada por el PLD, que por vez
primera se estableció, en forma clara y precisa
en un texto constitucional, la condena a toda
forma de corrupción en los órganos del Estado;
la obligatoriedad de la declaración jurada; la
pena de degradación cívica a las personas
condenadas por delitos de corrupción; y la
ampliación de los plazos de prescripción
para su persecución.
Fue en los gobiernos del PLD que se aprobó
la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción; la Convención Interamericana
contra la Corrupción; la Ley de Función
Pública; La Ley de Contraloría; la Ley de la
Cámara de Cuentas; la Ley de Presupuesto;
la Ley sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; la Ley
de Libre Acceso a la Información Pública;
la Ley Contra el Lavado de Activos; la que
instituye el Código de Ética del Servidor
Público; la creación de Comisiones de Ética
Pública; la creación del Consejo Asesor en
Materia de Lucha Anticorrupción de la
Presidencia de la República; la reforma y
modernización de la justicia; y la elaboración
del nuevo Código Penal, así como del
nuevo Código de Procedimiento Penal.
En fin, a pesar de las debilidades institucionales
aún existentes y de la justa indignación de
importantes sectores de nuestra sociedad con
respecto al flagelo de la corrupción, también
es válido reconocer el aporte realizado por los
gobiernos del PLD a la creación del entramado
legal que permita su prevención, persecución
y condena.
Corrupcion universal Pero no es sólo en la
República Dominicana o en América Latina
y el Caribe donde existe corrupción.
También hay corrupción en Rusia, donde luego
del desplome de la primera revolución socialista
del mundo, apareció una mafia rusa con
ramificaciones en distintas partes del mundo.
En China persiste la corrupción, a pesar de
que se han ejecutado personas por ese hecho
y a otras se les ha condenado a prisión
de por vida.
Los antiguos países de la órbita socialista de
Europa oriental se encuentran entre los más
corruptos del viejo continente, como son los
casos de Bulgaria, Rumanía, Polonia, la
República Checa y Eslovaquia.
Pero algunos de los países de Europa occidental,
que tienen siglos de civilización, tampoco escapan
al contagio de la peste social de nuestros
tiempos.
Tal es el caso de Italia, España y Grecia,
pero también de Alemania y Francia.
En los Estados Unidos, los principales bancos
del país son sorprendidos continuamente en la
comisión de prácticas dolosas, como ha ocurrido
con Wells Fargo; JP Mogarn Chase o Citigroup.
La opinión pública internacional quedó
estupefacta cuando se enteró de que las agencias
calificadoras de riesgo otorgaban categoría
Triple-A, a los bonos creados con las hipotecas
subprime o de alto riesgo, que llevaron a la ruina
el sistema financiero internacional en el 2008;
o cuando se destapó el escándalo Libor de
manipulación de las tasas de interés en los
préstamos interbancarios.
Empresas de gran prestigio internacional
como la norteamericana Enron; la italiana
Parmalat; y la alemana Siemens, se han visto
envueltas en grandes escándalos por falta de
transparencia en sus ejecutorias.
Hasta la Federación Internacional de Futbol,
la famosa FIFA, no pudo patear el balón con
transparencia y fue descubierta en una práctica
continua, de años, de fraude, sobornos y
lavado de activos.
Como podrá observarse, la corrupción está
extendida por todo el planeta, y es tan vieja
en su práctica que resulta incluso anterior a
la época de cuando la Iglesia vendía el perdón
de los pecados, es decir, las llamadas bulas de
indulgencia, lo que provocó a tal grado la ira
de Martin Lutero que terminó dando origen
a la Reforma Protestante.
Ahora, en esta segunda década del siglo XXI,
lo que ocurre es que debido a la magnitud, el
perfil de los actores y la mayor visibilidad
y frecuencia de actos de corrupción, las
sociedades se han tornado más sensibles,
y exigen, con razón, que se haga justicia.
Pero, además, se han desatado, en el ámbito
internacional, nuevas dinámicas económicas,
sociales y políticas como consecuencia de los
persistentes niveles de desigualdad social;
la expansión de una clase media urbana
políticamente activa; las nuevas técnicas
de comunicación y de movilización social;
y el empoderamiento ciudadano y de
organizaciones de la sociedad civil fruto
de la nueva institucionalidad proclive a la
transparencia.
Mientras tanto, en lo que atañe al expediente
del caso Odebrecht, del que se encuentra
apoderado un Juez de la Instrucción Especial
de la Suprema Corte de Justicia, de lo que se
espera es que el órgano judicial actúe, tal como
se consagra en los Principios Fundamentales
del Código Procesal Penal, con absoluta
imparcialidad e independencia; en base al
principio de presunción de inocencia: y
sujeto al criterio de legalidad de las pruebas.
Y así, se hará justicia.
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