Crisis de confianza
La región de América Latina y el Caribe enfrenta
una crisis de desconfianza hacia las instituciones
públicas, que debe preocupar a los entes públicos
y mover a la acción a quienes participan del espectro
donde se mueven los partidos políticos, las organizaciones
no gubernamentales y, claro está, las instituciones públicas.
Los ciudadanos demandan mejores servicios públicos,
sin embargo, existen serias brechas entre estas aspiraciones
y el compromiso de dedicar una mayor parte de sus ingresos
al pago de impuestos o tasas de servicios.
Al final de cuentas, como ha publicado el Banco
que ha sido discutido bastante en el país, los ciudadanos
«prefieren los programas gubernamentales que ofrecen
resultados inmediatos», en lugar de los programas que
dejan beneficios en el largo plazo.
La pregunta que ya ha surgido en otras ocasiones,
pero que aún espera respuesta, es cómo pueden los
funcionarios públicos, electos y designados, recuperar
la confianza pública.
La cuestión se propaga desde dentro hacia afuera.
Inicia en el círculo familiar, continúa en el círculo
comunitario hasta llegar a la esfera nacional. Por ejemplo,
el más reciente Latinobarómetro indica que un 63% de
los ciudadanos brasileños tiene poca confianza en los
miembros de su comunidad. En contraste, en
Estados Unidos, ese número baja hasta un 20%.
Es un indicador de cómo se está construyendo la
dinámica de vinculación dentro de las comunidades,
lo que a la corta y a la larga, se refleja en la interacción
con las instituciones y las personas que hacen presencia
en cada demarcación.
Las instituciones públicas deben, por ende, ahondar
en lo que sucede dentro de las comunidades, para
abordar la situación de desconfianza existente. Como
bien indica el informe del BID, aunque los ciudadanos
son quienes eligen a sus representantes, el sistema
político-institucional existente crea un incentivo
perverso enfocado en logros en el corto plazo, en
lugar de la implementación de políticas públicas
complejas y que requieren tiempo para generar
resultados.
Para algunos resultará ocioso el tema, pero en general,
a simple vista, es una realidad que está generando graves
consecuencias en varios países de la región, que resultan
en un menor desarrollo económico y una menor inversión
social.
La situación se convierte en un círculo vicioso, en la misma
medida en que la desconfianza se extiende desde los actores
institucionales hasta sus políticas y viceversa. ¿Sobrevivirá
la democracia a la crisis de confianza? Al cómo que ya hemos
esbozado antes, se suma esta inquietud que es filosófica
y práctica.
Hay cambios estructurales que tendrán que esperar.
La usanza de la política dominicana advierte que es
mejor iniciar con pequeños avances, aunque significativos.
En consecuencia, debemos apostar por reformas a lo
interno de las instituciones, que al sumarse, generen
cambios en los distintos sectores de la sociedad.
Esa tarea debe iniciar en las comunidades, como primer punto
de aglomeración política, facilitando el ejercicio ciudadano de
los derechos y deberes, con transparencia y un enfoque hacia
la rendición de cuentas.
El empoderamiento colectivo de los ciudadanos es esencial.
Los partidos políticos cargan con el mayor peso para que
una mayoría de los ciudadanos vuelvan a sentirse
representados por las instituciones públicas.
La región de América Latina y el Caribe enfrenta
una crisis de desconfianza hacia las instituciones
públicas, que debe preocupar a los entes públicos
y mover a la acción a quienes participan del espectro
donde se mueven los partidos políticos, las organizaciones
no gubernamentales y, claro está, las instituciones públicas.
Los ciudadanos demandan mejores servicios públicos,
sin embargo, existen serias brechas entre estas aspiraciones
y el compromiso de dedicar una mayor parte de sus ingresos
al pago de impuestos o tasas de servicios.
Al final de cuentas, como ha publicado el Banco
que ha sido discutido bastante en el país, los ciudadanos
«prefieren los programas gubernamentales que ofrecen
resultados inmediatos», en lugar de los programas que
dejan beneficios en el largo plazo.
La pregunta que ya ha surgido en otras ocasiones,
pero que aún espera respuesta, es cómo pueden los
funcionarios públicos, electos y designados, recuperar
la confianza pública.
La cuestión se propaga desde dentro hacia afuera.
Inicia en el círculo familiar, continúa en el círculo
comunitario hasta llegar a la esfera nacional. Por ejemplo,
el más reciente Latinobarómetro indica que un 63% de
los ciudadanos brasileños tiene poca confianza en los
miembros de su comunidad. En contraste, en
Estados Unidos, ese número baja hasta un 20%.
Es un indicador de cómo se está construyendo la
dinámica de vinculación dentro de las comunidades,
lo que a la corta y a la larga, se refleja en la interacción
con las instituciones y las personas que hacen presencia
en cada demarcación.
Las instituciones públicas deben, por ende, ahondar
en lo que sucede dentro de las comunidades, para
abordar la situación de desconfianza existente. Como
bien indica el informe del BID, aunque los ciudadanos
son quienes eligen a sus representantes, el sistema
político-institucional existente crea un incentivo
perverso enfocado en logros en el corto plazo, en
lugar de la implementación de políticas públicas
complejas y que requieren tiempo para generar
resultados.
Para algunos resultará ocioso el tema, pero en general,
a simple vista, es una realidad que está generando graves
consecuencias en varios países de la región, que resultan
en un menor desarrollo económico y una menor inversión
social.
La situación se convierte en un círculo vicioso, en la misma
medida en que la desconfianza se extiende desde los actores
institucionales hasta sus políticas y viceversa. ¿Sobrevivirá
la democracia a la crisis de confianza? Al cómo que ya hemos
esbozado antes, se suma esta inquietud que es filosófica
y práctica.
Hay cambios estructurales que tendrán que esperar.
La usanza de la política dominicana advierte que es
mejor iniciar con pequeños avances, aunque significativos.
En consecuencia, debemos apostar por reformas a lo
interno de las instituciones, que al sumarse, generen
cambios en los distintos sectores de la sociedad.
Esa tarea debe iniciar en las comunidades, como primer punto
de aglomeración política, facilitando el ejercicio ciudadano de
los derechos y deberes, con transparencia y un enfoque hacia
la rendición de cuentas.
El empoderamiento colectivo de los ciudadanos es esencial.
Los partidos políticos cargan con el mayor peso para que
una mayoría de los ciudadanos vuelvan a sentirse
representados por las instituciones públicas.
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